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Un proyecto de ley estadounidense propuesto, la Ley CLARITY, impondría estrictas reglas éticas que prohíben a los funcionarios federales emitir o patrocinar sus propias criptomonedas hasta 2029. La senadora Cynthia Lummis, una defensora clave, confirmó que el lenguaje se aplicaría a las empresas cripto de los presidentes de EE. UU., incluidas las de Donald Trump. El proyecto de ley tiene como objetivo prevenir conflictos de interés al prohibir que los funcionarios de alto rango lancen o respalden proyectos de tokens personales mientras estén en el cargo. Si se promulga, las reglas cubrirían al presidente, miembros del Congreso y otros empleados federales, congelando efectivamente cualquier nueva iniciativa de tokens vinculada a funcionarios durante los próximos cuatro años. La propuesta señala una creciente preocupación bipartidista sobre la intersección del poder político y los mercados de activos digitales, potencialmente reduciendo el hype especulativo en torno a tokens afiliados políticamente. Los participantes del mercado pueden ver esto como un viento en contra regulatorio para proyectos de tokens vinculados a figuras públicas, aunque el proyecto de ley permanece en etapas legislativas tempranas.
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